SanCor se va a la quiebra: adiós a sus postres y yogures

El Juzgado Nacional en lo Comercial 29, a cargo del juez subrogante Federico Alberto Güerri, decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la compañía que producía los yogures y postres marca SanCor. La resolución, fechada a fines de octubre, marca el cierre definitivo de la láctea que alguna vez fue considerada la “joya” del grupo Vicentin, luego de que fracasara el intento de salvataje en el marco del concurso preventivo iniciado en 2024.

La medida judicial dispone la liquidación total de la empresa, la inhibición general de bienes, el embargo de fondos, el cierre de las plantas industriales y la interdicción de salida del país para su presidente, Santiago Jesús Segovia Brun, quien deberá comparecer el 11 de diciembre para brindar explicaciones ante el tribunal.

De la reestructuración frustrada a la quiebra

El juez Güerri declaró la quiebra luego de constatar que ningún interesado se inscribió en el registro de salvataje previsto por la Ley de Concursos y Quiebras. En consecuencia, ARSA pasa formalmente a la etapa de liquidación bajo la órbita de la sindicatura Guillemi & Rosental, que continuará con el proceso.

La resolución, de más de 20 páginas, instruye al Banco Central a comunicar el decreto de quiebra a todas las entidades financieras y proveedores de servicios de pago, que deberán cerrar las cuentas corrientes, plazos fijos y cajas de ahorro a nombre de la firma y transferir los saldos al Banco Ciudad. También se ordena la intercepción de correspondencia y la clausura inmediata de los establecimientos industriales.

Las plantas afectadas son las de Arenaza (Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba), además de las oficinas administrativas en Azara 841, CABA. El síndico fue designado oficial de justicia ad hoc, con facultades para incautar libros contables, inventariar bienes, sacar fotografías y requerir la fuerza pública para garantizar la clausura.

Arsa Cordoba

Inhabilitaciones, embargos y fin de la operatoria

El decreto dispone la inhabilitación definitiva de la sociedad y de su administrador, además de la interdicción de salida del país hasta junio de 2026. El tribunal ordenó publicar edictos en los boletines oficiales de la Nación, Buenos Aires y Córdoba, y fijó un plazo hasta el 9 de febrero de 2026 para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.

En el expediente se consigna un pasivo reconocido de $49.700 millones y garantías por otros $67.300 millones, correspondientes a la compra de activos de SanCor. El proceso había ingresado en concurso en marzo de 2024, pero las deudas, los más de 540 cheques rechazados por $6.500 millones y la paralización total de las plantas terminaron por precipitar el desenlace.

De los más de 500 trabajadores que llegó a emplear la compañía, ninguno mantiene actividad efectiva desde mayo, y la gran mayoría quedó sin trabajo ni indemnización. En Arenaza, una localidad de apenas 2.500 habitantes, el cierre dejó a toda la comunidad sin su principal fuente económica.

El juez también dispuso mantener por 30 días hábiles la provisión de energía eléctrica en las plantas, a fin de permitir las diligencias de clausura, y pidió la copia de las actuaciones en el Juzgado de Lincoln, donde ATILRA denunció a la empresa por vaciamiento y defraudación.

Una “joya” que terminó en liquidación

ARSA nació en 2016, cuando Vicentin adquirió la división de yogures y postres de SanCor por unos u$s100 millones, con la expectativa de expandirse en el negocio lácteo. Sin embargo, la crisis financiera del grupo agroexportador arrastró también a su brazo alimentario, que terminó siendo gerenciado por Maralac, una sociedad venezolana que nunca logró estabilizar la operación.

En 2024 la compañía ingresó en concurso preventivo, argumentando caída del consumo interno y estrés financiero, pero la situación se agravó con los meses: la empresa acumuló deudas impagables y denuncias de vaciamiento, hasta que el 30 de octubre de 2025 el juez dictó la quiebra. Con ello, se cierra una etapa marcada por default, pasivos millonarios y desinterés inversor, y se confirma la liquidación definitiva de los activos.

En tanto, al colapso de ARSA se suma al conflicto que enfrenta La Suipachense, otra láctea controlada por el mismo grupo venezolano Maralac, que emplea a unos 140 trabajadores y atraviesa una crisis severa con más de 1.000 cheques rechazados por más de $8.500 millones, atrasos salariales y nula producción. En su momento de mayor actividad procesaba hasta 250.000 litros diarios de leche.

Actualmente, la planta de Suipacha acumula denuncias gremiales por vaciamiento, despidos en el área administrativa y pérdida total de proveedores, mientras los tamberos interrumpieron las entregas por temor a nuevos impagos. En el sector señalan que la combinación de deudas, falta de financiamiento y ausencia de conducción efectiva, podrían llevar a la firma a correr la firma suerte que ARSA.